Septiembre 2013.- Redaccion.- Andrés Manuel López Obrador declaró que impedirá "a como dé lugar" su desafuero, porque es una vergüenza eliminar al adversario con actos autoritarios e injusticias. "Vamos a luchar con firmeza y serenidad", aseguró.
El gobernante capitalino prefirió no adelantar vísperas sobre posibles movilizaciones o en su caso la petición de juicio político contra el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, como lo demandara el gobernador de Oaxaca, José Murat.
López Obrador afirmó que la intención, en primer lugar, es quitarlo del cargo, en segundo, inhabilitarlo, y tercero, meterlo a la cárcel. "Pero hablando en plata, lo que realmente les interesa es la inhabilitación", afirmó.
"Me da preocupación que se actúe de esta manera, que se construyan estas acusaciones livianas para descalificarnos. Creo que esto no corresponde a los tiempos que estamos viviendo, esto es un signo de retroceso y creo que debemos impedir a como dé lugar que esto prospere", destacó.
Durante su rutinaria conferencia de prensa, sostuvo que en lo que a él corresponde no permitirá que avancen las intenciones de regresión en el país.
Al presentar las conclusiones del seminario denominado "Manipulación de la ley con Propósitos Políticos", López Obrador hizo una relatoria de todo lo que ha sucedido sobre el caso.
Refirió que el terreno es reclamado por otros dos supuestos propietarios, además de Federico Escobedo Garduño. Sobre este último dijo que su apoderado legal dio información falsa relativa a la extensión del predio.
"El hecho más evidente de que en el caso de El Encino no hay afanes de hacer justicia, sino de descalificarnos políticamente, se encuentra en la vaguedad de las pruebas, así como en el carácter tendencioso de los interrogatorios que hizo el Ministerio Público Federal a los funcionarios del gobierno de la ciudad", argumentó.
Dijo que se aportaron como "pruebas" recortes periodísticos, en su mayoría notas y reportajes de "La Crónica", diario al que acusó de atacarlo sistemáticamente. Expuso que paralelamente las autoridades ministeriales buscaron involucrarlo a toda costa, induciendo preguntas para que los servidores públicos declararan en su contra.
Andrés Manuel López Obrador reiteró que no existe ningún escrito o informe que demuestre que haya desobedecido las órdenes judiciales, asimismo, nadie lo culpó y nunca se violó suspensión definitiva del juicio de amparo.
En todo este asunto, añadió, se actuó con apego a derecho y los servidores públicos de las áreas correspondientes fueron los encargados directos de informar al juez y cumplir con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva.
"Debe tomarse en cuenta que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, tanto el secretario de gobierno como la Consejera Jurídica tienen encomendadas estas funciones", explicó.
Tampoco es aceptable, como sostiene el Ministerio Público Federal, que el jefe de gobierno sea culpable porque tenía el deber jurídico de evitar la violación a la suspensión, mencionó.
En dicho caso, todos los servidores, incluyendo al Presidente de la República, seríamos culpables de delitos presuntamente cometidos por funcionarios dependientes del superior jerárquico, puntualizó. "Se pasa por alto que la responsabilidad penal de una persona es intransferible", acotó.
"En suma, se trata de una maniobra política: están retorciendo la ley porque les estorbamos para 2006. No olvidemos que todo acto autoritario siempre se envuelve en un discurso de aparente devoción por el estado de derecho", resaltó.
